Papaya Gate: fijan medidas cautelares y plazo de investigación
En una audiencia crucial para el mediático caso conocido como "Papaya Gate", la magistrada Carolina Baroncini del Juzgado de Garantía de La Serena resolvió este miércoles las medidas cautelares para los principales imputados. La causa se centra en presuntos delitos de fraude al fisco y delitos tributarios relacionados con la controvertida compra de terrenos en el sector de San Ramón, en La Serena. La jueza rechazó la solicitud de prisión preventiva del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Por José Blamey
El caso «Papaya Gate» tiene sus raíces en 2019, cuando el Gobierno Regional (GORE) de Coquimbo obtuvo seis terrenos en la zona de San Ramón. Estos espacios estaban diseñados para edificar un centro deportivo, en cambio de la transferencia de otras tierras al nuevo hospital de La Serena. No obstante, el GORE abonó 9.800 millones de pesos por estos terrenos, una suma que la Contraloría General de la República consideró considerablemente mayor a su valor real, estimado en 4.000 millones de pesos. Esta diferencia generaría un presunto perjuicio fiscal que ascendería a 7.955 millones de pesos.
La investigación, liderada por la Fiscalía de Valparaíso, señala serias anomalías en el procedimiento de valoración y adquisición de los terrenos, así como posibles evasiones fiscales por parte de las empresas de bienes raíces implicadas.
Medidas Cautelares: Rechazo a la Prisión Preventiva
Tras una extensa audiencia y la intensa arremetida de las defensas, la magistrada Baroncini resolvió las medidas cautelares para tres de los ocho imputados formalizados en el caso:
● Lucía Pinto (ex intendenta de Coquimbo) y José Cáceres (ex administrador regional): Para ambos
exfuncionarios, el tribunal impuso arresto domiciliario nocturno (de 22:00 a 06:00 horas) y arraigo
nacional, prohibiéndoles salir del país durante el proceso. Estas medidas, que comenzarán a regir el
jueves 30 de mayo de 2025, responden a la colaboración de ambos con la investigación, incluyendo sus
comparecencias regulares, entrega de declaraciones y el acceso voluntario a sus cuentas corrientes. La
decisión rechazó la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de prisión preventiva, que había
argumentado la gravedad del delito y el riesgo para el erario público.
● Pablo Bracchitta (gerente de CPS S.A.): En su caso, el tribunal no decretó ninguna medida cautelar.
La magistrada estimó que, en esta etapa, no se logró acreditar una presunción suficiente de
participación en los delitos imputados, lo que llevó a no considerar una medida restrictiva para él. Esta
resolución podría ser revisada si surgen nuevos antecedentes durante el desarrollo de la investigación.
● La investigación incluye a cinco imputados relacionados con delitos tributarios: Lorenzo Iduya Ortiz de
Luzuriaga, Nicolás Bakulic, Karim Daire Daud, Manuel Daire Daud y el abogado Luis Gastón Yver
Hudson. Estos, vinculados a las inmobiliarias del Grupo CPS, habrían participado en maniobras tributarias
para reducir artificialmente la base imponible de la compraventa de los terrenos en San Ramón, La Serena,
adquiridos en 2010 por 485 millones de pesos y vendidos al Gobierno Regional en 2019 por 9.800 millones.
En la audiencia del 29 de mayo de 2025, la Fiscalía solicitó para ellos medidas cautelares de firma mensual
y arraigo nacional, con una excepción para Bakulic, quien obtuvo permiso para viajar a España hasta el 30
de junio de 2025, mediante una fianza de 10 millones de pesos.
Plazo de Investigación y Próximos Pasos
La jueza Baroncini fijó un plazo de 180 días (6 meses) para que el Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal Claudia Perivancich, recopile pruebas adicionales. Este período será crucial para la realización de peritajes financieros y técnicos, el análisis de tasaciones y movimientos bancarios, y la consolidación de las acusaciones. El objetivo es esclarecer el rol de los imputados y las inmobiliarias en la presunta sobrevaloración de los terrenos, así como determinar si hubo tráfico de influencias, como sugieren denuncias recientes vinculadas a la empresa Feedback.
La resolución judicial ha generado diversas reacciones. Mientras el Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) y otros querellantes, que pedían medidas más severas, podrían apelar la decisión, los sectores cercanos a los imputados resaltan su colaboración como un factor atenuante. El caso que lleva casi cinco años en desarrollo, ha sido criticado por su lentitud, pero la definición de este plazo de investigación representa un avance significativo hacia una eventual acusación formal o el cierre del proceso.
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