Por Diego Reyes

La noche del 5 de abril fue asesinado el cabo Daniel Palma; en un Chile más polarizado que en otros tiempos, este hecho generó revuelo a nivel nacional. La periodista de Mega, Paulina de Allende-Salazar cubrió el acontecimiento y mientras realizaba la locución, en lapsus, se refirió al carabinero fallecido como paco, dijo:  “la misma comisaría a la cual habría pertenecido el paco… el carabinero, perdone». Este error no pasó para nada desapercibido. Horas más tarde, el general Alex Chaván, se negó a dar comienzo a la conferencia de prensa, argumentando que no daría declaraciones con la periodista estando presente allí. La comunicadora se retiró, y luego pidió disculpas cuando fue consultada por los medios de comunicación.

La tarde de ese día, tras 2000 quejas de televidentes al CNTV a pesar de haber se disculpado, Mega comunicó en sus redes sociales la desvinculación de la periodista del medio, argumentando que su actuación “transgrede abiertamente la línea editorial y las orientaciones programáticas de nuestro medio de comunicación”. En este punto, la discusión comenzó a politizarse, y el foco de todo se simplificó en posturas políticas de derecha vs izquierda, algo muy recurrente en este país. Ya efectuado el despido, el colegio de periodistas dió su respaldo a Paulina de Allende-Salazar sentenciando que la suspensión del punto de prensa refuerza los discursos estigmatizantes contra periodistas y que el derecho a la información de la ciudadanía está por sobre los errores individuales. Pasadas las semanas, Paulina dió su parecer en una charla dada en la Universidad Diego Portales, declarando la tesis central de esta columna de opinión “a mí me quita el sueño sentir que quizás hemos estado, el último tiempo, peleando entre periodistas y hemos perdido, tal vez, el darnos cuenta de lo relevante que somos en la sociedad”, puntualizó.

Con respecto a la censura hacía Paulina de Allende-Salazar. Nosotros, los y las periodistas ¿estamos amparados por la Ley? Si, por eso existe la Ley 19.733, que norma las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo. Así que correspondientemente con lo anterior, el 11 de abril se presentó un recurso de protección en contra del general Álex Chavan, quien antes en el 2017 negó la presencia de otro periodista con misma consecuencia; por ende, hay reincidencia en sus conductas. Lamentablemente, esta clase de denuncias no tienen penas o sanciones establecidas, su función es restaurar el Estado de Derecho perturbado, pero el hecho vulneratorio debe ser actual y continuo; y, en este caso, como el veto ya había ocurrido al momento de realizarse la denuncia, la situación quedó en nada nuevamente.

En definitiva, los y las periodistas debemos estar unidos, independiente de nuestras posturas políticas, pues somos seres humanos propensos a cometer errores, pero no por el error de una persona deben pagar los ciudadanos. Negar el Derecho a la Información de la ciudadanía es una acción de naturaleza completamente antidemocrática. Por ende, se debe tener precaución ante esta práctica, reaccionando de manera inmediata para no permitir la normalización de estas conductas.